08 Marzo 2024 ¿Cómo era antes y qué modificó el Gobierno? Antes de 2004, la Ley de Migraciones establecía que se le podía iniciar un trámite de expulsión a un extranjero sólo en determinados casos: para los residentes, la expulsión se originaba a partir de delitos graves con pena mayor a cinco años, según el Código Penal de la Nación, y para los no residentes los delitos debían tener pena superior a tres años. En cambio, el decreto, entre otras modificaciones, estableció que se le puede iniciar un trámite de expulsión a los extranjeros por cometer cualquier delito con pena de prisión. “Es decir que el antecedente de cualquier delito fue convertido en un obstáculo (para quedarse en el país)”, señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Además, en el caso de los no residentes el nuevo decreto incorporó el término “antecedentes”, que establece que no es necesaria una condena para iniciar el trámite de expulsión de un extranjero, sino que alcanza con un procesamiento firme. ¿Cuál es la situación judicial del decreto? El CELS y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) presentaron un pedido de inconstitucionalidad del decreto ante la Justicia. En primera instancia el juez federal Ernesto Marinelli lo rechazó. Pero en marzo de este año la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las organizaciones y dictó la inconstitucionalidad del decreto. El tribunal consideró que no había elementos que justificaran la necesidad de hacerlo vía decreto. Dos de los tres magistrados señalaron, además, que el decreto “establece una serie de restricciones al derecho al debido proceso que no se compadecen con los fines que declara perseguir la norma”. El caso actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Actualización 29/10 A partir de sugerencias de los lectores, fueron actualizados algunos fragmentos de la nota, vinculados a las diferencias entre los extranjeros residentes y los no residentes respecto a su trámite de expulsión.